Alfredo Garbisu, presidente de la Federación Española de Pádel

Un total de ocho presidentes de federaciones autonómicas, entre ellos Agustín Atencia en representación de la Federación de Ceuta, han presentado una moción de censura contra el presidente de la Federación Española de Pádel (FEP), Alfredo Garbisu, por una sanción al de la Federación Catalana, Pere Hernández; por cuestiones de ámbito internacional y la creación unilateral de la Federación Europea.

La moción ha sido propuesta por los presidentes de las federaciones de Asturias, Illes Balears, Cantabria, Castilla la Mancha, Catalunya, Ceuta, Galicia y Comunitat Valenciana.

Según han informado los promotores de la moción, la iniciativa está motivada en primer lugar por la sanción al presidente de la Federación Catalana de Pádel por más de noventa días, sin que se haya llevado a cabo el proceso disciplinario, lo que provocó su cese como miembro de la Federación Internacional de Pádel.

También alude la moción al posicionamiento de la Federación Española ante el conflicto de intereses creado en el circuito profesional de pádel internacional.

Los firmantes de esta moción de censura son de la opinión de que no se debe apoyar ni posicionarse a la hora de un conflicto de intereses con impacto en el pádel español, y en este caso también internacional, entre dos proyectos competitivos ajenos al contexto federativo español.

Agustín Atencia, presidente de la Federación de Tenis de Ceuta

En tercer lugar denuncian que el presidente de la FEP tomó la decisión unilateral de crear la Federación Europea de Pádel, junto con el Presidente de la Federación Portuguesa.

Las razones económicas para presentar esta moción de censura son consecuencia de que en la asamblea del 30 de junio de este año no se consiguió acordar la cuantía económica que corresponde a las federaciones autonómicas y a la Española para el reparto económico correspondiente a la expedición de licencias por lo que esta partida no puede ser incluida en el presupuesto.

Se acusa al presidente de la FEP de opacidad y falta de transparencia porque ni los presupuestos de 2018 aprobados “incorrectamente” en la asamblea general, ni las cuentas anuales del 2017 se encuentran publicadas.

A partir de ahora, consideran los promotores de la moción, la junta electoral debe decidir si la admite a trámite. Luego el presidente deberá convocar a la asamblea general en un plazo no superior a 48 horas para debatirla en un plazo ni inferior a quince días naturales ni superior a treinta.